Formalidad Ambiental

Conversamos con Fernando Martín Mejía Vargas, Coordinador de la Especialidad en Formalización Minera del Posgrado de la Universidad Científica del Sur, quien nos da a conocer más sobre este tema en la siguiente nota:

El desarrollo sostenible del país depende del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales; es decir, de su uso racional que permita atender las necesidades de las actuales y futuras generaciones; por ello, todo proyecto de explotación de recursos naturales debe estar sustentado en el equilibrio de los tres valores que corresponden a dichos recursos: económico, social y ambiental.

Bajo esta perspectiva, La Política Ambiental del Perú tiene como objetivo fundamental “Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país”.

Para alcanzar este objetivo, la normatividad ambiental establece una serie de obligaciones que deben cumplir los titulares de las actividades productivas y de servicios; lamentablemente, en algunos casos, se han desarrollado actividades disociadas de los objetivos nacionales que, lejos de promover el desarrollo sostenible, realizan un aprovechamiento irracional de nuestros recursos naturales al margen de la normatividad ambiental y por ende sin ningún tipo de permiso por parte del Estado.

En este contexto señalar que la formalización de la actividad extractiva, y en general de cualquier otra actividad, pasa primero por la formalización ambiental; es decir, por el cumplimiento de las normas de cuidado del ambiente y de la salud de las personas; es imposible concebir una sociedad justa, un país que promueve su desarrollo si primero no se cumple con la regulación ambiental.

Lamentablemente, en el sector minero, existen dos tipos de actividades que se desarrollan sin cumplir con todos los requisitos o condiciones exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, la minería ilegal y la minería informal que generan impactos negativos en nuestra economía, ambiente e inclusive a los derechos humanos de las personas vinculadas a dichas actividades.

  • La minería ilegal 

La minería ilegal se desarrolla en zonas prohibidas para actividades extractivas utilizando máquinas y equipos también prohibidos; quienes la desarrollan no son necesariamente pequeños productores. Esta actividad está proscrita, el Estado Peruano desarrolla una lucha frontal para eliminarla.  En la Visión de la Minería al 2030, elaborada por el Ministerio de Energía y Minas, se ha establecido como un objetivo transversal la erradicación de la minería ilegal; para alcanzar este propósito, se debe fortalecer el proceso de implementación de un plan integral, el cual está a cargo del Ministerio del Interior.

  • La minería informal

La minería informal, si bien se realiza al margen de lo establecido en las normas que regulan la actividad ambiental y minera, se realizan en zonas que no están prohibidas para actividades extractivas y podrían pasar a la formalidad si cumplen los requisitos del proceso de formalización que viene impulsando el Estado Peruano.

En la ya mencionada Visión de la Minería al 2030, se establece como objetivo la formalización, la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y la competitividad de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). El Ministerio de Energía y Minas espera que al 2021 el 100% de los mineros informales realicen sus actividades cuidando el medio ambiente y la vida de las personas.   

Sin embargo, los resultados son poco alentadores: al año 2018 se contaba con menos de siete mil mineros formalizados, cifra poco significativa si consideramos la gran cantidad de minería informal que se desarrolla en el país; en el 2012 contábamos con más de setenta y cinco mil mineros informales inscritos para acogerse al proceso de formalización.

Estos resultados generan la imperiosa necesidad de revisar el proceso de formalización; el alcance de su marco legal, en cuanto a sus virtudes y oportunidades de mejora; el rol que desempeñan las diferentes instancias del gobierno nacional; el aspecto; y sobre todo la necesidad de crear una política pública de la actividad minera que comprenda como eje estratégico la erradicación de la minería ilegal y la formalización de minería informal, mediante acciones estratégicas en la que participen todos los sectores y niveles de gobierno debidamente articulados y respaldados con soporte logístico y presupuestal.

Finalmente, resaltaremos que el Estado ha desplegado grandes esfuerzos para lograr la formalización de la actividad minera; ha desarrollado una simplificación administrativa tratando de evitar el menoscabo de la rigurosidad de la evaluación técnica. Si bien hay resultados positivos, lamentablemente éstos no son aún los esperados; falta crear e implementar una política pública en el sector minero que permita fortalecer la articulación del Estado en su conjunto para alcanzar los objetivos previstos por el Ministerio de Energía y Minas.

 

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